El decano del ICALI, Ignacio Gally Muñoz, participa en el XXVI Congreso de la UIBA, Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados, de la que forma parte el Consejo General de la Abogacia Española.

El evento se celebra en Madrid del 20 al 22 de mayo y la UIBA festeja así sus 50 años de constitución. La cita reúne a representantes de la abogacía de toda Iberoamérica para reflexionar sobre los retos actuales del ejercicio profesional y el fortalecimiento del Estado de derecho en los países de la zona.

La intervención del decano del ICALI se ha desarrollado en el marco del panel de expertos «Previsión social de la abogacía en Iberoamérica: actualidad y desafíos», en el que se ha abordado un análisis comparado de los sistemas de seguridad social y la legislación vigente para la abogacía en los distintos países iberoamericanos.

Durante la misma ha señalado que “tras la suspensión de la comisión y a la espera de que se celebre la próxima semana, el día 26, debemos forzar que se alcance un acuerdo. La petición de estudios económicos no puede ser un impedimento, porque la solución para los mutualistas es una cuestión de justicia social, sin color político, y todos los grupos parlamentarios deben ser conscientes de que es necesaria y justa.”

El panel ha contado con la participación de Bernardino Real, ex presidente del Colegio de Abogados del Uruguay, y con la intervención por vídeo de Gerardo Salas, vicepresidente de la Caja de Previsión y Seguridad Social de la Abogacía de la Provincia de Buenos Aires. La moderación ha corrido a cargo de Juan Luis León, vicepresidente de la UIBA, quien ha distinguido la participación del decano con un diploma de reconocimiento.

Asimismo, en representación del ICALI ha asistido la vicedecana, Carmen Díaz y la diputada 9º Alicia Pradells, reforzando el compromiso del ICALI con los foros internacionales de análisis y cooperación entre la abogacía.

Con su participación en este congreso, el ICALI reafirma su implicación en el impulso de iniciativas destinadas a fortalecer la profesión y promover un sistema de justicia más sólido y garantista.