Un paso más en la tramitación reglamentaria de la Pasarela al RETA. Representantes de la Abogacía Española mantuvieron este martes 22 de septiembre una reunión con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para abordar el desarrollo reglamentario de la denominada Pasarela al RETA prevista en la Ley 2/2026.

El encuentro contó con la participación de la ministra, Elma Saiz, y del secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez Corujo. En representación de la Abogacía Española asistieron el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, y el presidente de la Comisión de Previsión Social del Consejo General de la Abogacía Española y decano del ICALI, Ignacio Gally Muñoz y el compañero Jaume García Vicente, designado por las asociaciones, colectivos y sindicato de mutualistas para formar parte de este encuentro.

 
La reunión tuvo como principal objetivo trasladar al Ministerio los puntos de consenso alcanzados entre las asociaciones, colectivos y sindicato de mutualistas, tras el trabajo desarrollado conjuntamente con la Comisión de Previsión Social del Consejo General de la Abogacía Española y, especialmente, tras la reunión celebrada el pasado viernes 18 de septiembre.
 

Doce propuestas comunes trasladadas al Ministerio

Los puntos comunes alcanzados y trasladados al Ministerio en esta reunión fueron los siguientes:
  1. Reconocimiento del derecho a una simulación individualizada, previa y vinculante antes de adoptar una decisión irreversible.
  2. Aplicación de los principios de libertad de prueba y contradicción respecto de los certificados emitidos por las mutualidades.
  3. Posibilidad de imputar voluntariamente el excedente de fondos a la mejora de las bases históricas de cotización.
  4. Mantenimiento del remanente no convertible como producto de ahorro o fondo complementario privado.
  5. Aplicación de las bases mínimas históricas en valores nominales, sin actualización conforme al IPC, e imputación de los periodos desde los más recientes hacia los más antiguos.
  6. Aplicación de un coeficiente de mejora dentro de la horquilla legal prevista entre 0,67 y 0,87.
  7. Delimitación restrictiva del concepto de «pensionista» a efectos de la causa de exclusión legal de la pasarela.
  8. Independencia entre el fondo económico acumulado y el reconocimiento de tiempo para los mayores de 52 años y respecto de los periodos anteriores a 1995.
  9. Mantenimiento y continuidad de las prestaciones por incapacidad temporal en curso.
  10. Exclusión de las aportaciones complementarias del perímetro obligatorio de la pasarela.
  11. Efectividad e inmediatez del complemento a mínimos del RETA.
  12. Atribución de las controversias derivadas del proceso a la Jurisdicción Social, junto con la previsión de mecanismos de suspensión de los plazos de caducidad.
Estos doce puntos constituyen la posición común alcanzada por las distintas organizaciones representativas de los mutualistas, sin perjuicio de que cada una de ellas mantenga además propuestas y reivindicaciones propias. Asimismo, el Ministerio recibirá los informes y documentos elaborados individualmente por cada entidad participante.
 

Un reglamento aún pendiente de elaboración

Las propuestas trasladadas forman parte del proceso de interlocución abierto para el desarrollo reglamentario de la Ley 2/2026 y no deben confundirse con el contenido definitivo del reglamento, que continúa en fase de tramitación.
 
Desde la Abogacía también se reclamó que la elaboración y aprobación del reglamento avance con la máxima celeridad y que su desarrollo tenga un carácter eminentemente técnico, aporte certeza y seguridad jurídica y permita dar respuesta a la diversidad de situaciones existentes entre los profesionales afectados.
 
En este sentido, se destacó la importancia de que el futuro marco normativo proporcione información clara y garantías suficientes para que cada persona pueda conocer con exactitud las consecuencias de su decisión antes de adoptarla.

 

La Abogacía mantiene la interlocución con el Ministerio

El Consejo General de la Abogacía Española ya había solicitado previamente que la tramitación del reglamento fuera declarada urgente, una petición que, según se trasladó durante el encuentro, la ministra se comprometió a elevar al Consejo de Ministros.

«La reunión de ayer constituye, por tanto, un paso más en la interlocución que la Abogacía Española viene manteniendo con el Ministerio, pero el trabajo no ha concluido. Seguiremos trabajando durante la tramitación del reglamento para trasladar las preocupaciones de los compañeros y compañeras afectados y para procurar que su regulación ofrezca la mayor seguridad jurídica posible», señala Ignacio Gally.